“No es suficiente asegurar los derechos a la tierra en el papel: el gobierno debe certificar y apoyar la implementación práctica de los derechos sobre la tierra en el terreno”.

Entrevista a Eliceo Quintero (COONAPIP/ Geo Indigena)

Miembro del pueblo Ngäbe, el mayor de los pueblos indígenas de Panamá, Eliceo Quintero es un técnico altamente respetado y especializado en la aplicación de tecnologías de teledetección y sistemas de monitoreo para la gestión y administración de territorios indígenas. Miembro de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), Quintero también fundó Geo Indigena, un servicio de gestión de tecnología que proporciona soluciones a medida utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la seguridad territorial, el manejo forestal y la gobernanza de la tierra en comunidades indígenas.

En entrevista reciente con Tenure Facility, Quintero destacó algunos de los desafíos que enfrentan los líderes indígenas en Panamá, incluso después de recibir la tenencia legal de tierras ancestrales. El principal desafío, según Quintero, ya no es la falta de capacidad o conocimiento técnico. El desafío es comprometerse con los funcionarios del gobierno, para que las tierras que han sido tituladas administrativamente sean certificadas oficialmente por los organismos gubernamentales. “Eso es lo que va faltando”, concluye Quintero. Aunque las tierras indígenas han sido tituladas administrativamente, la delimitación física y la protección de las tierras por parte de los funcionarios del gobierno sigue siendo una promesa inconclusa.

Sin el reconocimiento oficial de las autoridades gubernamentales, en la práctica las comunidades no ven reconocidos sus derechos territoriales. No hay cercas, no hay anuncios oficiales y no hay hitos para evitar la entrada de ocupantes ilegales a las muchas áreas abiertas dentro de los territorios (Comarcas y Territorios Colectivos) ya reconocidos por ley en Panamá. Sin el apoyo necesario en terreno, los territorios indígenas siguen siendo presa de la ocupación ilegal, la construcción de carreteras, el contrabando de especies amenazadas, así como la tala ilegal, la minería y el tráfico de drogas.

La COONAPIP, organización que representa a los siete pueblos indígenas en esta nación, ha cumplido un rol esencial en el proceso de titulación de tierras indígenas, con apoyo de Tenure Facility. Sin embargo, hay todavía mucho por avanzar, según explica Quintero.

“El trabajo no se ha llevado a cabo en terreno”, explica Quintero. “Y lo que es alarmante es que los organismos gubernamentales no tienen presupuesto para abordar estos temas, por lo que nos quedamos esperando una respuesta de las entidades oficiales indefinidamente”.

Según Quintero, el reconocimiento físico de los territorios indígenas requiere la participación de numerosas agencias gubernamentales que hasta ahora no parecieran estar realmente comprometidas.  A menos que los territorios estén protegidos físicamente, las tierras y los bosques ancestrales continuarán siendo talados, ocupados y contaminados.

Por otra parte, la aplicación de la ley es actualmente inexistente en el caso de la gestión de territorios indígena. Según Quintero, no hay acción en el terreno cuando se trata de penalizar la deforestación de la selva en Panamá. Según Quintero, la falta de aplicación de la ley es otro ejemplo de cómo se ha ignorado la implementación de los derechos territoriales, y cómo la protección legal de los derechos indígenas es operativa solo a nivel administrativo y empírico, no habiéndose traducido aún en acciones y prácticas reales en terreno.

Según Quintero, un territorio indígena genera en promedio 15 denuncias oficiales por mes, generalmente relacionadas con la ocupación ilegal, la quema de bosques y la tala de árboles nativos. Solo en 2022, y de las 120 denuncias oficiales hechas contra la tala ilegal de madera en la provincia de Darién, un único caso llegó a los tribunales, lo que llevó a un proceso penal y al encarcelamiento de dos madereros ilegales.

“Abordar solo uno de 120 casos de deforestación ilegal, es una tasa preocupante”, lamenta Quintero. “Muestra cuán ineficiente es la aplicación de la ley; lo poco que les importa a las autoridades proteger los bosques y cuán vulnerables son los líderes indígenas a la violencia en ciertas partes del país”. Según Quintero, la falta de aplicación de la ley también muestra cuánta colusión existe entre funcionarios del gobierno, agencias de aplicación de la ley y grupos ilegales que operan en áreas boscosas del país.

“El problema”, observa Quintero, “es que si bien la aplicación de la ley es extremadamente difícil en áreas pacíficas, en zonas rojas afectadas por altos niveles de inseguridad y violencia, es casi imposible hacer cumplir la ley”. Y agrega: “en áreas plagadas de violencia relacionada con las drogas, las comunidades indígenas no tienen oportunidad de que sus tierras legalmente tituladas estén delimitadas físicamente, o que las fuerzas del orden operen de manera efectiva”.

Junto con otros oficiales de COONAPIP, Quintero ha ayudado a establecer una comisión de alto nivel para discutir estrategias para la delimitación física de la tierra y la evaluación de responsabilidades de las autoridades pertinentes. Quintero sostiene que si bien COONAPIP puede cubrir algunos de los costos de la delimitación física y el monitoreo forestal, no hay forma de que se pueda lograr la gestión de territorios indígenas a largo plazo, a menos que el gobierno intervenga a nivel político y judicial. “Todavía no hemos recibido ningún tipo de respuesta de los funcionarios del gobierno”, concluye Quintero.

Lo mismo se aplica a los bosques de manglares en las zonas costeras, que aún no han sido reconocidos legalmente como territorios ancestrales. Mientras que las comunidades costeras han estado esperando décadas para la tenencia legal, los inversionistas continúan recibiendo contratos de tenencia para el desarrollo de centros turísticos, lo que conlleva a una mayor deforestación y graves daños ambientales a los hábitats costeros.

“¿Por qué nos esforzamos tanto si el gobierno no actúa, si no logramos justicia? Nuestro mayor enemigo es el tedio”. Quintero finaliza: “La única forma de avanzar es iniciar negociaciones con los ministros al más alto nivel, para que la acción comience desde lo más alto. De lo contrario, la opción más difícil es cerrar las calles y movilizar una protesta a nivel nacional. Esperemos que no se llegue a eso”.

Nicolás Salazar Sutil es investigador y autor galardonado, ex profesor de Prácticas Transformacionales en la Universidad de Leeds, ahora director de Guardians Worldwide. Es colaborador habitual del sitio web de Tenure Facility.