La promesa del gobierno de titular un millón de hectáreas para el pueblo afrocolombiano es una apuesta para el futuro de todo el paí

Nicolas Salazar Sutil

El panorama político en Colombia se ve alentador. El gobierno de Gustavo Petro le ha dado un vuelco a la política tradicional de este pais con promesas de cambio. Entre otras cosas, Petro ha avanzado en procesos sociales que, si bien quedaron atrás en las políticas neoliberales de gobiernos anteriores, ahora se ven priorizadas y energizadas por un proceso de cambio político y jurídico comprometido.

Basta el ejemplo del actual proceso de pacificación de los grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la apuesta a resolver la deuda histórica del gobierno hacia comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

Francia Márquez, la reconocida activista afrocolombiana y actual vice-presienta de Colombia, anunciaba hace solo algunos meses atrás que el gobierno devolvería un millón de hectáreas de tierras a comunidades afro-rurales. En entrevista con Tenure Facility, Astolfo Aramburo Vivas del Proceso de Comunidades Negras(PCN), aseveró que estos primeros meses de gobierno se interpretan con “mucha esperanza y mucho sueño por una transformación y una ruptura con lo que se estaba viviendo, pero que es necesario actuar con cierta modestia y cautela”.

PCN es una red de organizaciones del Pacífico, el Caribe y el centro de Colombia que nace en 1993, y que está encargada del fortalecimiento de identidades culturales afrocolombianas, el acceso y uso de recursos naturales que sean ambientalmente sostenibles, así como el reconocimiento de tierras ancestrales.

 

En el caso de los pueblos negros y afrodescendientes, la estimación de la deuda territorial que se ha estado reclamando es más bien de 2 millones de hectáreas. Para que se cumpla la promesa constitucional, y para que los pueblos afro-rurales vuelvan a ocupar las tierras que ocuparon históricamente en Colombia, la “actual demanda no se va a lograr con la titulación de tan sólo un millón de hectáreas”.

Aramburo agrega: “para implementar transformaciones estructurales, el gobierno va a tener que establecer además un dialogo, y el gobierno va a tener que ceder.” Con una sonrisa abierta, cándida, Aramburo enfatiza: “Se mantiene el entusiasmo y todas las ganas de avanzar, a pesar de que queden preguntas sin responder.”

Aunque los pueblos rurales estaban añorado un cambio, y pese a que las comunidades negras se han identificado con las propuestas que Petro y Márquez han ido implementando desde la victoria electoral del 19 de junio, Aramburo dice que el acceso a la tierra sigue en mano de sectores privados que ponderan su uso y explotación comercial.

La pregunta, según Aramburo, ¿es que tierras va a titular el gobierno para los pueblos afro-rurales? ¿Cómo Petro va a conseguir un millón de hectáreas de tierras para nuestras comunidades si hoy por hoy no hay tierras baldías; no hay tierras en manos del estado?” Aramburo agrega: “La mayoría [de las tierras rurales y agrícolas fértiles] están en manos de sectores privados. Esto quiere decir que la única opción sería comprársela a los empresarios, y transferir los títulos de dichas tierras a la sociedad civil.”

El problema, según Aramburo, es la escasez de recursos económicos con los que cuenta el gobierno.

 

 

Vladimir Angulo, organizador de base del PCN, asegura que la promesa ya ha abierto un espacio de planificación territorial importante, a pesar de la falta de recursos. Este espacio de dialogo es vital para que organismos como el PCN puedan agilizar casos pendientes de titulación de tierras. PCN ya ha finalizado dos casos de titulación desde la victoria de Petro. PCN está por entregar tres títulos más en la región de Putumayo, además de otras tierras en el Pacifico que se titularían a fin de año—“estas son metas que se han agilizado con un gobierno amigo” sostiene Angulo.

El proceso va más allá de una propuesta política. Los pueblos afrodescendientes han vivido históricamente en simbiosis con la naturaleza. “La decisión de devolver tierras ancestrales al pueblo negro tiene que ver también con la justicia social y medioambiental,” señala Aramburo, “Hay una conexión muy fuerte que no nace aquí, sino que tiene un legado histórico que se trae de Africa y que se rememora en estos territorios” agrega Aramburo.

“Todo nos lleva a la misma conclusión: aquí hay un uso ambiental y cultural de la tierra. Para la gente negra en comunidad el territorio no es una despensa extractivista para sacar recursos, nunca lo hemos visto así. Sólo se corta el árbol que se necesita. Nuestros cultivos están asociados a una forma de uso familiar y sustentable que no implica deforestación,” concluye Aramburo.

Cuando se habla de la titulación de tierras históricas para el pueblo negro y afrocolombiano, no se habla tan sólo de un proceso jurídico y político. Se habla de devolverle la tierra a quienes la han cuidado durante milenios, tanto en las Américas como en los territorios ancestrales africanos.

En este proceso van de la mano las justicias sociales y políticas con las justicias culturales, medioambientales y climáticas. Se tiene que tomar en cuenta, por lo mismo, que la apuesta de Francia Márquez y el gobierno colombiano actual es de un futuro donde comunidades afrocolombianas recuperan su tierra, su sentido de pertenencia, y por, sobre todo, su legado histórico como guardianes del bosque. Se apuesta así a un futuro justo donde toda la sociedad colombiana se beneficia, y donde se reivindican la convivencia humana con el bosque y el buen uso del agua.

Así por lo menos lo anhelan lideres comunitarios negros como Astolfo Aramburo y Vladimir Angulo.

 

Nicolás Salazar Sutil es investigador y autor galardonado, ex profesor de Prácticas Transformacionales en la Universidad de Leeds, ahora director de Guardians Worldwide. Es colaborador habitual del sitio web de Tenure Facility.

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