2024-03-27
¿Qué pasaría si las comunidades indígenas estuvieran empoderadas para proteger una de las herramientas naturales más importantes del planeta para combatir el cambio climático?
Esta pregunta catalizó la creación de Tenure Facility en 2017. Hoy en día, sigue siendo el núcleo de nuestra teoría de cambio, que se basa en la creciente evidencia de que cuando los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades locales tienen fuertes derechos a la tierra y una sólida gobernanza, los resultados climáticos y ecológicos son mejores.
Un lugar que ejemplifica cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo es el Perú, donde Tenure Facility ha estado apoyando el trabajo desde nuestro establecimiento. Durante más de cinco años, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se asoció con la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) con el fin de promover la seguridad de la tenencia indígena en la Amazonía peruana.
El Perú, uno de los 17 países “megadiversos” del mundo, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en términos de cobertura forestal tropical, con más de 68 millones de hectáreas. También es el hogar de 55 pueblos indígenas diferentes, 51 de los cuales viven en la Amazonía.
Al igual que muchos países de América Latina, la Constitución Política del Perú reconoce los derechos indígenas a la tierra. Además, desde la década de 1970, el gobierno peruano ha emitido títulos de propiedad de la tierra a “comunidades nativas” en la Amazonía. Existe evidencia sólida que muestra que, dadas las condiciones adecuadas, tales tierras tituladas pueden disminuir la tasa de deforestación.
Diego Pérez/SPDA
"Con el tiempo, nuestra visión, que inicialmente tenía un fuerte énfasis en la titulación legal, se expandió a un enfoque diversificado..."
Superando los obstáculos del gobierno
Pero una serie de problemas se han interpuesto en el camino. Durante décadas, la política gubernamental ha promovido agresivamente las industrias extractivas, otorgando concesiones para la tala, la producción de petróleo y gas, y la minería. Esto ha llevado a la fragmentación y degradación de los territorios ancestrales indígenas, tanto con título como sin título. También ha generado desconfianza e incluso conflicto social, como por ejemplo el caso del enfrentamiento violento entre grupos indígenas y la policía en Bagua, Amazonas, en 2009, que dejó 33 personas muertas y más de 150 heridas.
«Hay muchas presiones sobre los bosques indígenas en la Amazonía», afirma Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP, la principal organización en el Perú que representa a los grupos indígenas de la Amazonía. «Las comunidades indígenas protegen más de 20 millones de hectáreas. Somos fundamentales en la lucha contra el cambio climático».
«Debido a esto, deberíamos tener derechos sobre la máxima cantidad de territorio, tanto por nuestra posesión ancestral como por nuestro espíritu conservacionista», continúa Pérez Rubio. «En realidad, somos el principal aliado del estado. Pero todavía no se dan cuenta».
Los cuellos de botella burocráticos y la falta de capacidad gubernamental han hecho que el proceso de titulación sea cada vez más costoso y lento. La corrupción y la insuficiente implementación de los títulos ya reconocidos permiten la explotación de vacíos jurídicos por parte de poderosos intereses económicos, como se documentó en un informe reciente. Adicionalmente, la inestabilidad crónica en la política peruana y el aumento del crimen organizado y la violencia en la Amazonía dificultan el proceso.
En medio de tales desafíos, Tenure Facility apoyó dos proyectos sucesivos liderados por la SPDA para fortalecer los derechos a la tierra entre las comunidades de la FENAMAD y la ORPIO en Madre de Dios y Loreto, respectivamente. En conjunto, estas regiones cubren más de la mitad de la Amazonía peruana.
La SPDA resumió recientemente los resultados de esta alianza a largo plazo en una publicación llamada «Uniendo fuerzas». En el transcurso de ambas fases del proyecto, los aliados mejoraron la seguridad jurídica de más de cinco millones de hectáreas de territorio indígena, beneficiando a más de 170 comunidades.
Diego Pérez/SPDA
Adopción de un enfoque diversificado
Estos logros no fueron fáciles. La incertidumbre y la disrupción casi constante requirieron de flexibilidad y creatividad.
«A lo largo de los años, adaptamos nuestro enfoque», comenta Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA. «Con el tiempo, nuestra visión, que inicialmente tenía un fuerte énfasis en la titulación legal, se expandió a un enfoque diversificado, colaborando con múltiples partes interesadas, que también incluía amplias acciones de comunicaciones y la defensoría legal, así como apoyo técnico al gobierno y a las comunidades en campo».
Asimismo, el enfoque temático evolucionó, yendo más allá de la titulación de las comunidades nativas para apoyar acciones relacionadas con el monitoreo forestal, la justicia de género y la protección de los Pueblos Indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), que son algunas de las personas más vulnerables de la Tierra.
Este enfoque diversificado efectuó grandes impactos en toda la Amazonía peruana.
Como resultado del proyecto, 1,5 millones de hectáreas de territorio indígena en Loreto y Madre de Dios ahora tienen títulos asegurados, y más de 100.000 hectáreas de comunidades forestales tituladas han fortalecido la protección a través del monitoreo de bosques indígenas y de asistencia legal. Además, se ha fortalecido la protección legal de más de 4 millones de hectáreas de reservas forestales que albergan comunidades PIACI.
"Las comunidades indígenas protegen más de 20 millones de hectáreas. Somos fundamentales en la lucha contra el cambio climático"
Incertidumbre política constante
Estos logros son impresionantes, especialmente si se tiene en cuenta lo que enfrentaban los aliados.
En el transcurso de las dos fases del proyecto, el Perú tuvo seis presidentes diferentes, cuatro de los cuales fueron destituidos o renunciaron. Mientras tanto, las agencias homólogas más importantes del proyecto, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Cultura, vieron ir y venir a más de una docena de nuevos ministros. A escala regional, la inestabilidad fue aún más pronunciada. A los desafíos existentes se sumaron los mandatos cambiantes y la disminución de los presupuestos entre las agencias.
Además de estas alteraciones políticas, la crisis de COVID-19 golpeó duramente al Perú y el trabajo en campo se paralizó durante varios meses.
A pesar de estos obstáculos, el proyecto logró importantes ganancias para los derechos de los pueblos indígenas.
Tales logros han cambiado vidas. «La titulación significa la protección de nuestro bosque, de nuestra vida», afirma Luis García, jefe de la comunidad nativa Francisco Bolognesi en Loreto. «Significa lograr el futuro que nuestros padres alguna vez soñaron para nosotros y proteger el lugar donde mis hijos están creciendo».
Pero por fundamental que sea la titulación, es solo el primer paso para salvaguardar los territorios. Reconociendo esta situación en Madre de Dios, la SPDA y FENAMAD desarrollaron un monitoreo forestal local para controlar las incursiones de mineros y madereros ilegales. En Loreto, por su parte, la SPDA trabajó con ORPIO para apoyar la capacitación legal de las comunidades en la lucha contra la tala ilegal.
«La titulación es una base importante para proteger nuestros bosques, pero las comunidades también necesitan apoyo para defender su territorio», asegura Alfredo Vargas Pío, presidente de FENAMAD. «Necesitamos acceso a la información y la tecnología para poder controlar las actividades ilegales de los terceros en las tierras indígenas».
Diego Pérez/SPDA
Diversificando alianzas en el Perú
A medida que Tenure Facility expande su cartera de proyectos en el Perú y otras regiones, hemos trabajado para incorporar las lecciones de esta alianza de siete años con la SPDA.
En enero de 2024, se lanzó un nuevo proyecto directamente con FENAMAD. Este esfuerzo de tres años se basa en el trabajo respaldado por la SPDA y busca garantizar los derechos indígenas en más de 6.9 millones de hectáreas de territorio en Madre de Dios. El proyecto completará el proceso de titulación en 25 comunidades, fortalecerá aún más las protecciones para los vulnerables grupos PIACI y ampliará el trabajo de monitoreo forestal.
El nuevo proyecto se centrará en promover los derechos territoriales indígenas dentro de cinco áreas protegidas nacionales en Madre de Dios que se superponen con tierras ancestrales de cuatro naciones indígenas: Esa Eja, Harakbut, Matsiguenka y Yine. Esta línea de trabajo se vinculará con iniciativas a escala nacional que buscan aumentar el reconocimiento de la autonomía territorial.
Otros dos pilares del proyecto se centran en la igualdad de género y la protección de los defensores del medio ambiente. La necesidad urgente de este último se vio trágicamente resaltada el año pasado por el asesinato de dos defensores ambientales indígenas, Quinto Inuma y Benjamin Flores.
Adicionalmente al nuevo proyecto FENAMAD, Tenure Facility está desarrollando otras dos iniciativas con aliados indígenas en el Perú, cuyo lanzamiento se espera para finales de 2024.
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