Colombia

Garantizar los derechos territoriales colectivosa de más de
478,500 personas en
más de 2 millones de hectáreas

Con la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en 2016, Colombia puso fin a un conflicto armado interno que duró más de cinco décadas. Las injusticias en torno a la tierra y al acceso a los bosques y otros recursos fueron algunos de los factores más importantes que impulsaron este conflicto armado, el cual cobró la vida de más de 200.000 personas y dejó un saldo de 7 millones de desplazados. Actualmente, el futuro del proceso de paz depende en gran medida de la forma en que Colombia resuelva los reclamos que han existido durante mucho tiempo sobre la tenencia de la tierra y los derechos a los recursos, especialmente de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Hay 1,5 millones de personas que pertenecen a los pueblos indígenas de Colombia, lo cual equivale al 3,4 por ciento de la población total de este país, basado en el censo de 2005. Como consecuencia del conflicto armado, muchas de estas personas están enfrentando desplazamiento forzado, al igual que la falta de tierras, y la mayoría experimenta peligros ambientales y el acaparamiento de tierras por parte de las industrias extractivas. Después de los Estados Unidos y Brasil, Colombia tiene la tercera concentración más grande de personas afrodescendientes en las Américas. De acuerdo con el Proceso de Comunidades Negras (PCN), suman 16 millones, aproximadamente un tercio de la población de Colombia. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, en especial las mujeres, enfrentaron niveles desproporcionados de violencia y de desplazamiento relacionados con el conflicto armado interno del país.

Durante las negociaciones de paz, las comunidades indígenas y afrodescendientes de Colombia trabajaron juntas para velar por que este acuerdo de paz las protegiera y garantizara sus derechos territoriales. En 2016, el movimiento afrodescendiente aunó esfuerzos con diversas organizaciones indígenas nacionales para formar la alianza denominada Comisión Ética para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales. Esta comisión logró que el acuerdo de paz incluyera un capítulo étnico en el cual se describen diversas salvaguardias y se garantiza el respeto a los derechos colectivos, tanto territoriales como políticos, de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos derechos ya se habían establecido con anterioridad en la Constitución de Colombia de 1991, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

Los pueblos afrodescendientes de Colombia lograron el reconocimiento de sus derechos colectivos a la tenencia de la tierra bajo la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993. Durante los 24 años que han transcurrido desde que se aprobó esta ley, el gobierno colombiano ha reconocido un total de 5,53 millones de hectáreas de territorios colectivos de estos pueblos. Sin embargo, el 95,3 por ciento de esas tierras se titularon en la región del Pacífico y solamente se tituló el 4,6 por ciento en otras zonas del país. La interpretación ‘centrada en el Pacífico’ y la aplicación de la Ley 70 excluyó a otros consejos comunitarios afrodescendientes que también solicitaban el reconocimiento de sus tierras colectivas.

En 2016 y 2017, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Pontificia Universidad Javeriana y la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) trabajaron conjuntamente para reanudar las vías para reconocer los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes a la tierra. A través de esta iniciativa de colaboración, se ayudó a establecer un movimiento que logró un acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para resolver los reclamos de 271 consejos comunitarios afrodescendientes a sus tierras.

Además de promover los derechos de estos pueblos a la tierra, los socios de esta iniciativa tomaron varias medidas para sentar las bases necesarias para aumentar la tenencia colectiva de los pueblos afrodescendientes en todo el país. Para ello, se recopilaron datos especiales sobre reclamos de estos pueblos a la tierra y se estableció un sistema de información geográfica en el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Pontificia Universidad Javeriana. Asimismo, las contrapartes realizaron un análisis sobre la vulnerabilidad de aquellas tierras colectivas que no tienen un reconocimiento legal frente a reclamos coincidentes de proyectos de desarrollo a gran escala. Además, se estableció una mesa redonda técnica que identificó y priorizó los reclamos para su resolución. Entre los miembros de esta mesa redonda se encuentran ANT, PCN, OTEC, RRI y el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras. Entre las prioridades analizadas, los miembros de la mesa redonda identificaron varios casos emblemáticos cuya titulación representa una alta prioridad y que están ubicados en regiones significativas en términos políticos o culturales. La resolución de casos emblemáticos podría sentar nuevos precedentes legales o políticos, ayudar a superar una serie de retos u obstáculos jurídicos considerables, y simbolizar los logros alcanzados por los pueblos afrodescendientes en la lucha por sus derechos a la tierra.

En 2018, el Tenure Facility financió una iniciativa basada en las labores realizadas mediante esta alianza de trabajo, a fin de ampliar los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes a la tierra en Colombia. La iniciativa contribuirá a la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana de 2016.

El PNC, a través de la Corporación Afrocolombiana Hileros, una organización sin fines de lucro que estableció el PCN en 2009, se encarga de dirigir esta iniciativa, denominada ‘Títulos de propiedad colectiva de territorios ancestrales afrodescendientes en Colombia’. Entre las contrapartes de la iniciativa se encuentran OTEC, ANT, el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras y CONPA. Inicialmente, las contrapartes están centrando sus esfuerzos en los casos emblemáticos, para luego abordar otros reclamos. En dos años, las contrapartes del proyecto buscarán garantizar los derechos territoriales colectivosmás de 478.500 personas en más de 2 millones de hectáreas. El proyecto se enfoca en cinco regiones de Colombia: el Caribe, los valles interandinos, Chocó, Antioquia y Putumayo, como se muestra en el siguiente mapa.

Además de contribuir a una paz sostenible, la iniciativa contribuirá a mejorar medios de vida y ayudará a cumplir con los objetivos de desarrollo económico incluidos en el Acuerdo de Paz de La Habana. La iniciativa se centra especialmente en las mujeres, reconociendo así los enfoques diferenciales incluidos en este acuerdo. Finalmente, la iniciativa ayudará a restaurar bosques degradados y a conservar la diversidad biológica en uno de los países más biodiversos del mundo.

Los territorios colectivos ancestrales que carecen de títulos oficiales están ubicados en regiones con ecosistemas importantes. Entre estos se incluyen bosques tropicales secos, bosques tropicales húmedos, bosques nubosos, sabanas tropicales y humedales, al igual que zonas de recarga de acuíferos, manglares y ciénagas, zonas costeras y otras áreas de gran importancia para la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Estos se integran en programas para la reducción de carbono, tal como REDD+, así como en programas de adaptación y de pagos por servicios de ecosistemas.

Para obtener más información sobre esta iniciativa, haga clic en el vínculo de abajo.

 

 

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Proyectos en curso : 1
Presupuesto:
US$1,662,487